Embajadora del estado de
Palestina en Chile
Bienaventurados
los que trabajan por la paz: contra la ideología de la fuerza de Netanyahu
Entre
escombros y el derecho a un futuro: la resiliencia de la mujer palestina
El 17
de abril conmemoramos el Día del Prisionero Palestino, pero esta fecha es
también una radiografía del grado en que el sistema penitenciario israelí ha
penetrado y moldeado la vida política palestina. Hasta principios de abril de
2026, las instituciones palestinas de prisioneros reportaron más de 9.600
detenidos en cárceles y centros de detención israelíes. De ellos, 3.532 están
bajo detención administrativa, sin cargos ni juicio; las mismas cifras revelan
que 10 miembros del Consejo Legislativo Palestino permanecen en prisión, junto
a 119 condenados a cadena perpetua, 84 prisioneras (25 de ellas también en
detención administrativa) y unos 1.250 detenidos de Gaza clasificados por
Israel como "combatientes ilegales", una figura que permite mantenerlos
recluidos indefinidamente fuera del derecho penal ordinario.
Entre
estas cifras destaca la alarmante situación de alrededor de 350 niños
palestinos -estudiantes que deberían estar en las aulas-, privados
sistemáticamente de su derecho fundamental a la educación. Estos números
muestran que la prisión para los palestinos no es un hecho aislado, sino una
realidad política colectiva que atraviesa edades, géneros y regiones.
El
caso de Marwan Barghouti, líder palestino detenido desde hace 24 años, ilustra
la crudeza del sistema. Según su abogado, el 8 de abril fue golpeado
brutalmente en la prisión de Ghanot y quedó sangrando de la cabeza durante más
de dos horas sin atención médica. Antes, el 24 y 25 de marzo, había sufrido
agresiones durante su traslado desde la cárcel de Megiddo. Estos hechos forman
parte de un patrón que se ha intensificado en los últimos dos años: golpizas
severas, aislamiento prolongado, traslados constantes, humillaciones y negación
de tratamiento médico. También se han producido incitaciones políticas de alto
nivel y amenazas relacionadas con su detención, incluyendo intimidación pública
y celebración del empeoramiento de las condiciones carcelarias. Esto incluye
llamamientos a su ejecución en el contexto de la aprobación del nuevo proyecto
de ley de pena de muerte para presos palestinos. Sus partidarios advierten que
su vida corre peligro real, su liberación inmediata, afirman, es la única forma
de protegerlo.
El
costo humano va mucho más allá. Desde 1967, 326 palestinos han muerto en
cárceles israelíes; 89 de ellos fallecieron después de octubre de 2023. Las
instituciones palestinas precisan que estas cifras solo incluyen identidades
conocidas; decenas de detenidos de Gaza siguen en desaparición forzada.
Organismos internacionales han documentado un patrón sistemático de
violaciones: la Cruz Roja Internacional denunció en noviembre de 2025 que se le
impide visitar a los detenidos palestinos desde el 7 de octubre de 2023. Human
Rights Watch acusó a las autoridades israelíes de someter a prisioneros
-incluidos niños- a tortura, violencia sexual, privación de alimento y atención
médica. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y
la organización israelí B'Tselem, en su informe de enero de 2026, describieron
el sistema carcelario como "una red de campos de tortura" para los
palestinos. Testimonios de sobrevivientes hablan de golpizas, violaciones,
agresiones sexuales, aislamiento prolongado, negligencia médica y prohibición
de visitas familiares: prácticas que, según múltiples organizaciones de
derechos humanos, ya no son excepcionales, sino políticas institucionales.
Este
año, el Día del Prisionero coincide con un escalamiento legal extremadamente
grave. El 30 de marzo de 2026, el Knesset aprobó una ley que amplía la pena de
muerte para prisioneros políticos palestinos: la horca como pena principal para
quienes sean condenados por tribunales militares en ciertos ataques mortales,
con ejecución en un plazo de 90 días. Human Rights Watch la calificó de
discriminatoria, pues su redacción indica que se aplicará principalmente -si no
exclusivamente- contra palestinos. Expertos de la ONU fueron más lejos y la
definieron como un sistema de pena de muerte dirigido específicamente contra
ellos.
El
desequilibrio judicial es estructural. Los palestinos juzgados en tribunales
militares israelíes enfrentan una tasa de condena del 96 %, según Reuters
(marzo de 2026). En cambio, la violencia de colonos contra palestinos casi
nunca es castigada: Yesh Din informó que solo el 3% de los casos que monitorea
termina en condena, y Reuters señaló que apenas el 2% llega siquiera a la etapa
de acusación formal.
El Día
del Prisionero Palestino es una condena política a un sistema que se sustenta
en el castigo colectivo, la humillación sistemática y el intento de quebrar la
voluntad de todo un pueblo atacando sus cuerpos, sus líderes, sus niños y su
dignidad. No se limita a recordar a los vivos y a los mártires; denuncia una
crisis continua de tortura, desaparición forzada y, ahora, amenaza de ejecución
legal bajo una norma que muchos observadores consideran diseñada para apuntar
exclusivamente a los palestinos.
Apoyar a los prisioneros palestinos hoy significa rechazar
la normalización de la tortura, la desaparición y la horca como instrumentos de
gobierno. Significa afirmar que la libertad no es un eslogan, sino un derecho
inalienable para todo palestino.
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